Ernesto Gutiérrez Conte, presidente del SPA presentó sus recomendaciones a los Cancilleres de América.

 El Sector Privado de las Américas (SPA) expuso las recomendaciones y conclusiones a las cuales llegó el VII Foro del SPA, “Seguridad Ciudadana en las Américas”, realizado previo a la celebración de la XLI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en San Salvador, El Salvador.

Ernesto Gutiérrez Conte, presidente del Sector Privado de las Américas (SPA), destacó la importancia de este tipo de espacios para llevar a cabo un diálogo abierto y fluido con los mandatarios de los Estados Miembro de la OEA. Ernesto Gutiérrez Conte, luego agregó “estos encuentros se traducen en agendas políticas renovadas que apuntan a la generación de empleo, la reducción de la pobreza y una sociedad más justa”.

Jorge Lukowski, director ejecutivo de la organización, expuso ante los gobiernos de la región que el tema de la seguridad está preocupando al sector productivo de las Américas. “Al ser consultados, más del 75% de los encuestados respondieron que el factor seguridad ciudadana ha afectado negativamente el clima de inversión en su país, tanto doméstica como foránea, en estos últimos tres años de manera importante”, informó el director ejecutivo del SPA.

Luego agregó que el 100% de los empresarios encuestados consideran, además, que el Estado tiene un papel clave en la creación de las condiciones que permitan un mejor clima de negocios.

Mientras tanto, Henry Crowley, también representante del empresariado, destacó que los países cuyo sector privado y gobierno pueden trabajar juntos tienen una clara ventaja frente a otros que no cuentan con esta forma de trabajo en equipo. Por eso, agregó, las alianzas público-privadas fueron un concepto transversal durante todo el foro del sector empresarial. “La competitividad es complementación, es construcción, es ganar-ganar. Un ambiente de seguridad es indispensable para generar competitividad”, sostuvo Crowley.

Los delegados de los países asistentes a la XLI Asamblea General de la OEA coincidieron en reconocer que el sector privado y el gobierno deben aunar esfuerzos para enfrentar la problemática relacionada con la seguridad ciudadana. Y en ese sentido, felicitaron el esfuerzo de los privados por analizar los mecanismos que coadyuvarían a mejorar el clima de seguridad. “El sector privado ha dado un valioso aporte con sus recomendaciones y conclusiones”, manifestó Jaime Miranda, vice canciller de El Salvador.

En la misma vía, Mario Canahuati, canciller de Honduras dijo que “el Sector Privado de las Américas tiene una idea bien clara de qué es lo que quiere, pero tenemos que asegurarnos de que todos la entiendan”. De paso, aprovechó la ocasión y agradeció al sector privado regional por haber recibido con beneplácito la reincorporación de Honduras a la OEA.

Canahuati destacó que la sensación de inseguridad en las Américas tiene, además, un componente “egoísta”, y que debe ser trabajado para poder ser corregido. “Hay poca confianza en los agentes de seguridad, y decimos que hay un componente egoísta porque los que tienen con qué pagar un agente de seguridad están en diferente condición del que no lo puede pagar”, señaló el canciller.

El titular de la diplomacia hondureña también recomendó al sector privado “no utilizar salarios bajos para poder competir”. Y es que, momentos antes del diálogo del Sector Privado de las Américas con los representantes de los gobiernos de la región, habían sido los delegados de los sindicatos y los trabajadores los que habían expuesto sus puntos, entre ellos, la generación de empleos dignos y estables.

José Miguel Insulza, secretario general de la OEA destacó que “el desempleo en la región es preocupante por diferentes razones que conocemos”, y en esa línea agregó, “no creo en la competitividad que se basa en la baja de salarios para disimular”.

Las recomendaciones del sector privado en torno del clima de negocios establecen la necesidad de tratar los retos que impone la seguridad ciudadana, dando énfasis a la prevención de la violencia y el fortalecimiento institucional de las agencias judiciales, policiales y otras responsables de hacer cumplir la ley.

Además, el documento insta a los gobiernos de la región a “establecer marcos regulatorios y judiciales consistentes y predecibles, limitar la discrecionalidad administrativa, mejorar la coordinación entre los organismos del Estado, reducir la corrupción y garantizar la transparencia y el estado de derecho. Las políticas públicas deben servir al pueblo y no a los partidos políticos en el poder”, señala el texto sobre las recomendaciones de SPA.